l vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermams, este miércoles.

Cárcel para los delitos medioambientales

La Comisión Europa ha aprobado este miércoles un proyecto de directiva que incluye la cárcel para los delitos medioambientales. La Comisión ha ampliado el listado de delitos medioambientales y prevé la imposición de sanciones más duras. Entre ellas se incluyen fuertes penalizaciones económicas para las empresas infractoras y penas de prisión de al menos 10 años para las condenadas por hechos más graves.

Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión, ha señalado que “dejar que los violadores de la ley actúen con impunidad socava nuestro esfuerzo colectivo para proteger la naturaleza y la biodiversidad, luchar contra la crisis climática, reducir la contaminación y eliminar residuos”. Por su parte, el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha hecho hincapié en que “los delitos medioambientales causan un daño irreversible y a largo plazo para la salud humana y el medioambiente, pero a pesar de ello son difíciles de investigar y las sanciones tienden a ser leves”.

Al imponer al menos 10 años de cárcel para los delitos medioambientales más graves se busca reforzar la protección de la naturaleza y el medio ambiente, así como evitar, sobre todo, los daños deliberados o causados por negligencias.

Nuevos delitos

Entre los nuevos delitos figuran el reciclado ilegal de barcos, el comercio ilegal de madera, las violaciones graves de la legislación sobre productos químicos… Nuevos delitos que causan un grave daño al medio ambiente.

Desde Bruselas consideran que las normativas sobre este tipo de delitos son demasiado laxas, divergentes y tolerantes con los infractores. Además, señalan que las grandes empresas no evitan cometer una infracción si ven que solo afrontarán castigos administrativos. Por eso, con este proyecto de directiva, se pretende poner fin a esa impunidad.

Así, los Estados miembros estarán obligados a introducir penas adicionales a las multas. La Comisión Europea apunta que «en el caso de las empresas, esas penas adicionales suelen ser más disuasorias que la mera sanción económica”.

Entre los castigos añadidos figuran la exclusión de cualquier programa de ayuda pública, la liquidación judicial de la empresa o el cierre temporal de algunas de sus instalaciones.

Imponer cárcel para los delitos medioambientales es una manera de recordar que cuidar el planeta es urgente. Ninguna empresa puede anteponer su economía al respeto por el medio ambiente. Salvar el planeta es cosa de tod@s.

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