España: sancionada por la falta de depuración de las aguas residuales en nueve aglomeraciones urbanas, tendrá que afrontar una sanción de más de 43,5 millones de euros.
El origen de esta sanción, que seguirá subiendo semestre a semestre mientras no se solucionen los problemas denunciados por Bruselas, se remonta hasta el 31 de diciembre del año 2000. En ese momento, todas las aglomeraciones de más de 15.000 habitantes de la Unión Europea tenían que depurar de manera correcta sus aguas según una directiva. En cambio, más de dos décadas después, todavía quedan ocho núcleos sin tratar correctamente sus aguas. Esto tiene consecuencias negativas en el estado de los ríos y mares donde se llevan a cabo los vertidos.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó en julio de 2018 la sentencia por la que se imponía esta multa que crece a razón de algo más de 10 millones de euros por semestre. Tras esto, el Ministerio para la Transición Ecológica presentó un calendario donde fijaba 2023 como el año en el que estarían listas las depuradoras de las nueve aglomeraciones afectadas.
Sin embargo, de momento solo se ha puesto en marcha la estación de la aglomeración de Tarifa, en Cádiz, que trata las aguas residuales de 20.000 habitantes. Las otras ocho, las depuradoras de Matalascañas (Huelva), Alhaurín el Grande (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Coín (Málaga), Barbate (Cádiz), Nerja (Málaga), Gijón Este y Valle de Güímar (Santa Cruz de Tenerife), se espera que estén plenamente operativas en 2024 o 2025.
