El compromiso del Gobierno con la Asamblea Ciudadana para el Clima se ha hecho efectivo al remitir al Parlamento las recomendaciones propuestas por dicha Asamblea.
¿Qué es la Asamblea Ciudadana para el Clima?
Poniéndonos en situación, la Asamblea Ciudadana para el Clima (ACC) es un grupo compuesto por 100 personas elegidas al azar por el Gobierno. Esta asamblea trabajó ocho meses en sus 172 recomendaciones, que fueron publicadas el pasado 6 de junio. Como expone el Gobierno, estas recomendaciones buscan «lograr una España más segura y justa ante el cambio climático» y dan así «una visión social clave de cómo acelerar la lucha contra la crisis climática».
Las 172 recomendaciones de la Asamblea se enmarcan en un total de 58 objetivos que se organizan en cinco áreas de vida. Dichas áreas son: consumo, alimentación y uso del suelo, trabajo, comunidad, salud y cuidados, y ecosistemas. Según el MITECO, el trabajo de la Asamblea «abre nuevas vías para reforzar la participación pública en debates complejos como es el cambio climático y facilitar la adopción de políticas frente a la emergencia climática«. Además, el ministerio también reconoce que esta asamblea es «una oportunidad para escuchar a la ciudadanía y entender dónde están sus preocupaciones y qué soluciones proponen o necesitan para avanzar en un cambio de hábitos, de modelos de producción y de consumo, que nos afecta a todos».
Así, ayer, 11 de julio, el Consejo de Ministros, a propuesta del MITECO, tomó nota del informe de la ACC y se comprometió a «analizar y evaluar las recomendaciones desde todos los departamentos ministeriales con el fin de estudiar las opciones que existen para integrarlas en la acción de gobierno; asimismo, dispone su remisión al Congreso de los Diputados, según lo establecido en la Orden TED/1086/2021». El Gobierno con la Asamblea Ciudadana para el Clima, busca llevar a cabo acciones que respondan a los intereses reales de la ciudadanía y pongan remedio a la crisis climática.
Energías renovables y la ACC
En materia de energías renovables, podemos destacar algunas recomendaciones específicas de entre las 172 que recoge el documento redactado por la Asamblea. Algunas de ellas son las relativas al objetivo de «Facilitar el ahorro de energía y el consumo de renovables»:
Recomendación Nº 6. Acelerar el desarrollo de comunidades energéticas en municipios
Porcentaje de apoyo: 95.60%
Descripción: Ampliar el radio máximo que establece la normativa actual para que más vecinos (o municipios menos densos) puedan beneficiarse de las comunidades energéticas y establecer medidas para que los Ayuntamientos promuevan comunidades energéticas en su territorio, incluyendo la opción de que ellos mismos financien parte de los proyectos como inversores.
Recomendación Nº 7. Promover el autoconsumo energético y la venta de energía de autoconsumo en viviendas
Porcentaje de apoyo: 95.60%
Descripción: Garantizar que exista un precio justo para la venta de energía de autoconsumo mediante regulación estatal del precio de venta (precio estable y que no sea susceptible a hacer negocio) y establecer bonificaciones fiscales para la gente que utiliza la opción de autoconsumo.
Recomendación Nº 8. Implantación de un modelo energético con control público y regulación de precios justos
Porcentaje de apoyo: 96.74%
Descripción: Establecer un mecanismo de regulación de precios e impuestos energéticos para garantizar el acceso mínimo a toda la ciudadanía en función de su renta, el coste de la vida y su consumo energético. Desacoplar los precios de la luz de los del gas, puesto que, si no, no hay incentivo para fomentar las renovables ni la eficiencia energética. Dado que el sistema actual ha beneficiado desmesuradamente a ciertas empresas, la reforma del sistema debe establecer medidas para que estos beneficios se utilicen para la transición completa a las energías renovables. Regresar al control público la distribución energética.
Recomendación Nº 9. Obligar a las generadoras de electricidad para que la mayor parte de su producción sea de energía renovable
Porcentaje de apoyo: 95.56%
Descripción: Fijar, mediante legislación, un porcentaje mínimo y progresivo de producción de energía renovable sobre el total producido por parte de empresas generadoras de electricidad. Este porcentaje mínimo tiene que estar en línea con el objetivo de cero emisiones para el sistema de generación de electricidad en 2050 al que se ha comprometido España.
